Lo que más nos debe unir como colombianos es ese acuerdo en torno a límites, opciones y procedimientos llamado Constitución. Es el mejor acuerdo logrado hasta la fecha. Y es un acuerdo en desarrollo. Colombia legal significa compromiso con la igualdad y libertad para todos: los “otros” también importan. Invito a hacer de Colombia una sociedad donde “todos ponemos”. Para desarrollar ese acuerdo que une propongo:

• Profundizar la apropiación de los derechos con corresponsabilidad, participación ciudadana e iniciativa regional.

•Superar de manera ejemplar el atajismo, es decir, la tendencia a salirse de las reglas para obtener resultados a corto plazo y con desprecio de las consecuencias ajenas.

Estado atento justo y fuerte

Construiremos un Estado capaz de cumplir y hacer cumplir la ley, de hacer valer los derechos y deberes, de asegurar la provisión de bienes y servicios públicos, y capaz de cobrar impuestos justos.

Las instituciones del Estado se articularán para optimizar los recursos, atender efectivamente a las diferentes poblaciones y garantizar sus derechos. Alentaré la eficiencia institucional, la seguridad jurídica, la calidad de la gestión pública y el ejercicio responsable de la ciudadanía para avanzar en los derechos y el cabal cumplimiento de las obligaciones ciudadanas. Construiremos ciudadanía a través de la excelencia y equidad en la prestación de los servicios estatales, incluidos justicia, seguridad y regulación. Tres políticas centrales orientarán mi gobierno para el logro de estos fines:

• Manejar los recursos públicos como recursos sagrados

• Equilibrar oferta y demanda de justicia
• Consolidar la acción de la fuerza pública, complementándola con otras formas de presencia del Estado y de compromiso ciudadano

Productividad para las familias y la equidad

A mayor productividad más riqueza y más posibilidades de que la riqueza pueda ser mejor distribuida. A su vez, una mayor equidad permite ampliar la capacidad de consumo. Si además se estimulan el ahorro productivo y la posibilidad de movilizar económicamente el ahorro invertido en bienes inmuebles, se genera mayor crecimiento económico, se alienta la productividad y se ayuda a mitigar algunos de los temores asociados con el incremento de la productividad. Pero la productividad y el crecimiento económico no son tareas exclusivas del estado. Me empeñaré entonces en que sean una tarea de todos, movilizando las familias y los sentimientos de solidaridad hacia el aumento sostenido de la productividad. Mi gobierno pondrá en práctica cinco políticas centrales:

• Fortalecer las reglas de juego y la confianza

• Canalizar el gasto público hacia áreas prioritarias: política social integral, educación, innovación, ciencia y tecnología

• Domar la geografía con mucha inversión privada

• Negociar bien tratados comerciales y desarrollar la agenda interna • Manejar responsablemente las finanzas públicas para luchar de manera sostenible por la equidad y contra la pobreza

En resumen, se trata de ser solidarios para aumentar las capacidades o las oportunidades. “Todos ponemos” para el bien común y la equidad.

La fuerza de las regiones

La descentralización no es un fin en sí misma. Está al servicio del ciudadano. La descentralización se justifica si consigue hacer valer los derechos del ciudadano en su territorio, si permite organizar mejor y de manera más productiva y sostenible la acción colectiva y si premia el aprendizaje social.

El disfrute de derechos se concreta en las entidades territoriales. No es posible imaginar avances importantes en derechos como nutrición, salud, educación, seguridad, medio ambiente sano y empleo, sin acciones complementarias o conjuntas entre el gobierno nacional y las autoridades, las empresas y las comunidades locales. Los siguientes criterios guiarán la acción de mi gobierno en materia de descentralización, desarrollo regional, seguridad y equidad para todos:

•Corresponsabilidad de la nación y las entidades territoriales en las políticas públicas
•Potenciar las ventajas comparativas y absolutas de las regiones con criterio de corresponsabilidad.

•Promover la competitividad regional en un marco de respeto a la diversidad cultural, al patrimonio ambiental y a la innovación exitosa

•Sociedad ambientalmente sostenible y más equitativa

•Entidades territoriales fuertes para garantizar a los ciudadanos sus derechos y hacer efectivas sus obligaciones.

•Apropiación social y estatal del territorio.

Prácticas democráticas y poder ciudadano.

La Constitución es el principal referente legal para fortalecer nuestra cultura política democrática. Las reglas centrales de esta cultura son, entre otras, el respeto a los derechos, la rendición de cuentas, las garantías a la oposición o a la disidencia, el fortalecimiento de los partidos, la participación ciudadana en los asuntos públicos, la aceptación de la autoridad estatal, la limitación de los poderes del ejecutivo y el uso de los procedimientos democráticos para reformar las leyes y dirimir los conflictos entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado.

La autorregulación y la mutua regulación social son condiciones indispensables para que cualquier acuerdo político o social sea sostenible. Compromisos previos unilaterales pueden, con su formulación y cumplimiento, construir la credibilidad necesaria entre las partes para retomar el diálogo razonado y el camino de los acuerdos.

La democracia deliberativa, como puente entre democracia representativa y participativa, contribuye a construir acuerdos basados en la discusión pública y a superar procesos de negociación basados en la fuerza, la mutua amenaza o las prebendas.
Fortalecer las prácticas democráticas

• Gobierno e instituciones eficientes y eficaces que actúan conforme a la ley y muestran resultados sostenidos en los diferentes campos de la actividad estatal.

• Consenso nacional en torno a las reglas del juego democrático por parte de las autoridades oficiales y las fuerzas políticas del país.

• Instituciones responsables y receptivas a las voces de la sociedad civil.
Fortalecer e institucionalizar el Poder Ciudadano
• Fortalecer los mecanismos y las instancias de participación ciudadana establecidos en la Constitución y la ley .

• Facilitar el ejercicio de derechos organizativos. En particular allanar el camino político-institucional para la creación y funcionamiento responsable de organizaciones cívico-solidarias.

• Apoyar el fortalecimiento ordenado, responsable y transparente del Tercer Sector en Colombia (organizaciones de economía solidaria y organizaciones solidarias de desarrollo) y tomar decisiones reglamentarias .

• Reconocer que las organizaciones del Tercer Sector son parte de la creación y distribución de riqueza y oportunidades en el país.

• Contribuir a conectar las solidaridades, la innovación social y la innovación empresarial (responsabilidad social Empresarial; consumo responsable; comercio justo, inversión social empresarial etc.).

• Respetar y fortalecer el derecho ciudadano de asociarse para perseguir objetivos que se inscriben en un interés colectivo (solidaridad cerrada) o en el interés general (solidaridad abierta).

• Fortalecer el poder ciudadano de las mujeres, los adultos mayores, los niños y los jóvenes.