La industria florícola, como otros sectores agroexportadores no pagan aranceles de exportación, por el contrario reciben subsidios del Estado en cuanto a energía, infraestructura, gastos médicos y hospitalarios para el tratamiento de las enfermedades laborales y ambientales, en cuanto a los daños causados y no reparados.

Además, la industria se somete a los ciclos económicos del mercado mundial, sobre los cuales podemos tener ningún tipo de control. Por otro lado, la creciente competencia de nuevos países productores africanos ha hecho que los precios bajen, debiendo aumentar la producción para mantener la rentabilidad, lo que significa más daños ecológicos y sociales.

La floricultura, junto con otros sectores agroexportadores, son un riesgo para la seguridad alimentaria del país. Los cultivos de flores ocupan tierras con vocación agrícola - no porque las necesiten para la producción sino porque generalmente estas se encuentran ubicadas cerca de servicios de transporte, agua, energía eléctrica, etc.

Desde el primer cultivo de flores, en la Provincia de Pichincha, han transcurrido dos décadas, en las cuales, las empresas florícolas han crecido en forma acelerada y con ello han aumentado los impactos socioambientales; más aún al no existir un marco legal que las obligue a cumplir con los requisitos mínimos de control ambiental y laboral.