Asocapitales criticó la misión internacional de Gustavo Petro en Medellín: la calificó de “improcedente e irregular”

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el envío de una misión internacional de derechos humanos a Medellín tras los disturbios del pasado 7 de octubre ha generado una fuerte controversia entre los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia. 

Al respecto, Asocapitales se pronunció calificando la medida como “improcedente, irregular y contraria al orden constitucional”, argumentando que viola principios fundamentales como la autonomía territorial, la descentralización y la separación de poderes.

Según el gremio, la convocatoria de una comisión externa para vigilar actuaciones municipales sin que se trate de violaciones sistemáticas de derechos humanos carece del respaldo legal necesario y constituye una intromisión indebida en los asuntos internos del Estado.  

"Asocapitales expresa su preocupación por la decisión anunciada por el presidente de ‘una misión internacional’ para revisar un procedimiento institucional en Medellín, calificándola como improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano”, detalló la entidad a través de un comunicado.

Cabe destacar que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 1, 287 y 315, señala que la autonomía territorial es un principio del Estado, por ello, son los organismos nacionales competentes quienes deben realizar las revisiones sobre actuaciones administrativas o policivas.

¿Improcedente?

Según lo expuesto por Asocapitales respecto a la decisión de Gustavo Petro, los organismos de derechos humanos internacionales deben intervenir únicamente cuando existen “violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, condiciones que no se configurarían en este caso”.

El gremio destacó que en casos como la situación de orden público ocurrida en Medellín la semana pasada deben ser controladas por el gobierno nacional a través de un procedimiento policial ordinario.

“Los Estados no solo tienen el derecho, sino también el deber de mantener el orden público, proteger la vida y los bienes de las personas y garantizar el ejercicio pacífico de los derechos, mediante el uso racional, proporcional y legal de la fuerza cuando sea necesario", agregó. 

Asocapitales concluyó su comunicado señalando que la intervención de organismos internacionales afectaría la relación entre los niveles de gobierno y debilitaría “la legitimidad de las autoridades locales elegidas por voto popular”.

La entidad solicitó a Gustavo Petro reconsiderar su decisión y reiteró su apoyo a las entidades nacionales para ejercer su defensa a la soberanía. “Las ciudades capitales deben poder ejercer sus funciones de gobierno y de policía dentro del marco de la ley”, puntualizó.